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26 Mar

Fiscalía profiere resolución de acusación contra dos exgobernadores de La Guajira

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El Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino Gutiérrez, decidió dictar resolución de acusación contra los ex gobernadores de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar y Hernando David Deluque Freyle, para que continúen con medida de aseguramiento y envía el proceso a la Corte Suprema, para que allí continúe la etapa de juicio por los delitos de peculado por apropiación en favor del tercero y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Asimismo, en la misma providencia exonera de la responsabilidad judicial al entonces gobernador encargado Jaime Espeleta Herrera.
En la resolución de acusación en contra de los dos exmandatarios  guajiros, el Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia estableció que las irregularidades por la que incurrieron Cuello Blanchar y Deluque Freyle se debe a la tramitación y suscripción del contrato de obra pública 238 del 25 de septiembre del año 2000 con la Unión Temporal Fénix (UTF), representada legalmente por Garay Espitia Camargo; cuyo objeto era el de construir, ampliar y/o remodelar los palacios municipales de El Molino y Hatonuevo; la construcción de la Terminal de Paso y plaza de mercado de San Juan del Cesar; la construcción de la plaza de mercado y Maicao y la construcción del puente sobre el río Ranchería que comunica a Fonseca con El Hatico. Todo por valor superior a tres mil millones de pesos ( $3.806.681.964).
El ente acusador decidió precluir, es decir, determinó la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal en contra del entonces gobernador encargado,  Espeleta Herrera, de acuerdo con las consideraciones señaladas en la providencia por el delito de contratos con incumplimiento de requisitos legales, teniendo en cuenta que el 19 de mayo de 2000, Espeleta  suscribió la resolución mediante la cual ordenó la suspensión de la licitación pública 013 y el 8 de junio de 2000 firmó la resolución 660, por medio de la cual ordenó la prórroga del cierre de la licitación pública, tal como lo hizo por segunda vez el 9 de junio del mismo año, las cuales no tuvieron una incidencia efectiva en la licitación. Con los anteriores argumentos la Fiscalía decidió precluir la investigación a favor de Jaime Espeleta, por los delitos que le fueron imputados.
La Fiscalía también acusa a los exgobernadores por la improvisación, falta de planeación y transparencia de la administración departamental, “por la sencilla razón de que se contrató la ejecución de unas obras sin tener definido el sitio donde se iba a construir y, pese a esa ostensible ilegalidad, se continúa el proceso contractual en etapa de ejecución, en la cual, además, se suscribieron dos contratos adicionales, incrementando el valor en $1.196.337.199, todo ello en el periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2001 y el 9 de mayo de 2003”.
Advirtió el Fiscal, que la defensa del exgobernador Deluque  no puede alegar a su favor, el haber actuado con falta de dolo y “pretender excusarse en el principio de confianza para evadir su responsabilidad, puesto que su formación académica como abogado y su amplia experiencia en la política y la administración pública, le permitían entender la dimensión de su compromiso y el ámbito de su competencia para actuar bajo el marco de la Constitución y la Ley y de ningún modo fuera de ella”. La Fiscalía negó las pretensiones de preclusión de la investigación elevada por la defensa y antes por el contrario, llamará a los titulares del cargo para que respondan en juicio como coautor de los delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, a título de dolo, toda vez que no existe explicación jurídicamente entendible, que pueda exonerarlos de responsabilidad, “al considerarse superados los requisitos sustanciales”. En consecuencia, continúa vigente la medida de aseguramiento impuesta contra los exgobernadores  Cuello Blanchar y Deluque Freyle, al momento de resolverles la situación jurídica.
“Dicha medida incluirá el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, con fundamento en lo anotado en esa oportunidad en el capítulo ‘De la medida de aseguramiento y sus fines’ y por considerar ampliamente superado los requisitos formales y materiales señalado en la Ley, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva esta resolución”.
Como quiera que también se determina la participación y probable responsabilidad de los contratistas, asesores y otros ciudadanos no aforados, se procede a enviar copia de la providencia a la Fiscalía sexta anticorrupción de Riohacha para que proceda de acuerdo a su competencia.

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